Teodoro Obiang patrocina una escuela de Samba de Rio de Janeiro por 3,5 millones de dólares.

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema donó nada menos que 3,5 millones de dólares a la escuela de samba de Río de Janeiro 12 veces campeona del Carnaval, Beija-Flor.

Obiang, de 72 años, es un apasionado admirador del Carnaval de Río de Janeiro y en especial de los desfiles que cada año protagonizan las escuelas de samba en el Sambódromo “Marqués de Sapucaí”, al que suele acudir desde hace 10 años para presenciar en primera persona las elaboradas coreografías de cada escuela.

No contento con ser un mero espectador, el octavo gobernante más rico del mundo, según la revista Forbes, desembolsó 3,5 millones de dólares para que la prestigiosa escuela de samba Beija-Flor de Nilópolis dedicase su desfile a la historia africana, en especial la de Guinea Ecuatorial, a través de los ojos de un sabio.

Escuela de samba Beija-Flor

El 3 de agosto de 1979, tras deponer, juzgar y ejecutar al presidente Francisco Macías Nguema, Obiang asumió el mando en Guinea Ecuatorial siendo el jefe de estado que más tiempo lleva en el poder, 35 años, ejerciendo su control sobre una población de apenas 700.000 habitantes y las mayores reservas de petróleo de África tras Nigeria y Angola.

El próximo lunes a las 23:40h (horario de Brasília) la escuela de Beija-Flor entrará en la avenida del Sambódromo para luchar con cierta ventaja por su 13º título como mejor escuela de samba del Carnaval Río de Janeiro, ya que, a pesar de que los mecenazgos son comunes, nunca antes en la historia de los desfiles una única escuela había recibido una suma tan elevada de dinero.

El Muni

Comments

[ANONIMO]

No hay justicia en la República de Guinea
Ecuatorial”. Eloy Eló Nvé Mbengono, enero de
1995


“No hay justicia en la República de Guinea
Ecuatorial”. El informe del Fiscal General
del Estado Eloy Eló Nvé Mbengono, enero de
1995

El discurso de Eloy Eló, pronunciado en tanto
que Fiscal General del Estado el día 7 de
enero de 1995, en la festividad de San
Raimundo de Peñafort, fue en su momento uno
de los documentos más leídos y celebrados por
la oposición democrática ecuatoguineana.

Eloy Eló Nvé Mbengono tiene una biografía
compleja que no vamos a referir ahora.
Digamos que, entre otras cosas, fue defensor
de Macías en el proceso previo a su
ejecución, ocupó numerosas carteras
ministeriales bajo el régimen de Obiang y,
sobre todo, estuvo justamente considerado
como el “ideólogo del régimen”. Ideólogo
primero del régimen de partido único e
ideólogo después del pluripartidismo.

Liniger-Goumaz pone en su boca (página 299,
de su “Who´s Who de la dictature de Guinée
Equatoriale), durante la disolución del
parlamento de 2 de julio de 1993, la frase
siguiente: el país esta al “final de un
sistema monolítico y al comienzo de otro,
multicolor”. El propio Eloy Eló afirma,
refiriéndose a su proceso de disidencia del
regimen ecuatoguineano. “Yo llevaba varias
años [antes de 1995] disintiendo del régimen
en privado. Obiang había dejado de
consultarme y me hacía notar que se fiaba más
de otros asesores legales. En realidad me
quitó de ministro y me nombró Fiscal General
para castigarme, pero Obiang no sabía que era
ser Fiscal General, no sabía cuales eran las
funciones de ese cargo…”

El discurso de Eloy Eló, escrito con una
ironía poco frecuente en la política
ecuatoguineana, puede valorarse desde
distintos puntos de vista. Es el primer
documento en el que se critica pública y
abiertamente el funcionamiento de la justicia
en el país y, con la justicia, algunos de los
mecanismos de ejercicio del poder en el
régimen ecuatoguineano, por una de las
personas que había participado en su
construcción.

Rompe con la idea, tan utilizada en los
medios de comunicación, del “clan de Mongomo”
como expresión de monolitismo político de los
políticos de esta región en torno a la figura
del dictador.

Eloy Eló forma parte junto con Bonifacio
Nguema Esono Nchama y Felipe Ondó Obiang del
grupo de antiguos dirigentes del régimen que
derivaron en este periodo, final de los años
90, hacia posiciones claramente opositoras.
Está de acuerdo cuando le decimos que “el
primero en disentir fue Bonifacio, Felipe
Ondó manifestó sus diferencias a partir de
1993, después de un viaje a Estados Unidos”.
Los tres, Bonifacio Nguema Esono Nchama,
Felipe Ondó Obiang yu Eloy Eló Nvé Mbengono
participaron en la fundación del partido
Fuerza Demócrata Republicana (4 de septiembre
de 1995).

Eló Nvé Mbengono abandonó la FDR en junio de
2001.

“En mi condición de Fiscal General de la
República y por primera vez, me honra
presentarme aquí hoy ante Vuestra Excelencia,
Señor Presidente de la República, en tanto
que Jefe de Estado, Primer Magistrado de la
Nación y Arbitro y Moderador del proceso de
democratización, para rendiros cumplida
cuenta acerca del estado de la Administración
de Justicia y del grado en que, en general,
se respeta la legalidad en nuestro País por
todos los ciudadanos, nacionales y
extranjeros residentes, y por todos los
órganos del Estado y todos los Departamentos
de la Administración Pública.

Haciéndolo así, no actuamos animados del
espíritu de obtención de ningún premio ni
recompensa, sino que justifica nuestra
actividad únicamente la satisfacción del
deber cumplido.

En efecto, es la propia Ley Fundamental la
que nos impone el fin de velar por la
legalidad en el País, y la Ley 3/85. de 25 de
Abril, aprobatoria del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, entre otras cosas, nos
impone también la obligación de rendir cuenta
exacta a los Poderes Públicos no solamente
del estado de la Administración de Justicia
sino también del grado en que la Ley se
cumple en todo el territorio nacional y por
todos los sujetos del Derecho, personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras.

Es, pues, en cumplimiento de esta obligación
legal por lo que nos honramos presentarnos
aquí por primera vez ante Vuestra Excelencia,
Señor Presidente de la República.

Para ello, bajo nuestra total y absoluta
responsabilidad personal y en tanto como
Fiscal General de la República, con el
corazón en la mano y lágrimas en los ojos, en
este acto denunciamos oficialmente el hecho y
afirmamos solemnemente ante Vuestra
Excelencia y ante la Historia que nos ha de
juzgar que no hay justicia en la República de
Guinea Ecuatorial; que la Administración de
Justicia que, como su nombre indica, estaría
encargada de administrarla a los ciudadanos,
se halla total y absolutamente paralizada y
sumida en un eterno letargo; que los Juzgados
y Tribunales, salvo honradas excepciones que
no llegan ni a cinco dedos de la mano, no
resuelven los litigios que les someten los
ciudadanos, los cuales han llegado incluso a
perder la fe en la justicia, y viven
desesperados con los corazones en pie de
guerra, buscando qué hacer, si tomar la
justicia por su propia mano, lo cual les está
vedado por vivir en una sociedad formalmente
constituida en Estado soberano y sobre todo
democrático, que les obliga a confiar la
solución de todos sus conflictos de intereses
a Jueces y Magistrados, cuya misión es zanjar
dichos conflictos de acuerdo con los
criterios arbitrados previamente por la
voluntad general que, según JBAN JACOBO
ROUSSEAU, se llama Ley.

La Administración de Justicia no funciona;
los Jueces, Magistrados, Notarios,
Registradores y, en general, los
profesionales del Derecho, sumidos hasta la
médula espinal en la más abyecta e innarrable
corrupción, no cumplimos la Ley, no hacemos
lo que la sociedad espera de nosotros, y que
se presume hemos estudiado en las distintas
Universidades, unos por malicia, otros por
ignorancia inexcusable; los profesionales del
Derecho hemos creado en el País una
inseguridad jurídica tal que impide que haya
inversión de capital extranjero y, por
consiguiente, que haya desarrollo
socioeconómico en nuestra querida Patria,
Guinea Ecuatorial

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece
que en el día de hoy, en que se apertura el
año judicial, el Fiscal General de la
República presentará la Memoria Anual que
recoge toda la actividad jurisdiccional
desarrollada durante el año que termina; lo
que también está recogido, al parecer, en el
programa oficial que se ha distribuido.

Esta Fiscalía General no está en condiciones
de presentar dicha Memoria Anual, puesto que
la correspondiente a la Corte Suprema de
Justicia no nos ha sido servida, lo que, en
nuestro sentir, es prueba fehaciente de que
en todo el año judicial que termina no se ha
producido ninguna actividad en nuestro máximo
Órgano Jurisdiccional; esta afirmación admite
prueba en contra, puesto que nos es difícil
creer en esta aseveración teniendo en cuenta
los múltiples expedientes judiciales que
penden en la Corte Suprema de Justicia desde
hace más cinco años atrás. A finales de la
semana pasada la Prensa local publicó que la
Corte Suprema de Justicia estaba celebrando
juicios, incluso en días inhábiles, pero, por
lo visto, no se ha producido ninguna sola
resolución judicial.

“No hay que hacer caso de lo que dice el
Fiscal General, está totalmente loco y,
además, está muy mal visto por el Gobierno”,
comentarios que se escuchan en los pasillos
de Juzgados y Tribunales.

No sabemos si el Fiscal General de la
República está muy mal visto por el Gobierno,
pero si lo afirman los Juzgados y Tribunales,
sus razones tendrán; pero lo de loco sí que
sabemos que no, sino que está acometiendo una
empresa que es digna de un loco, cual es
intentar que los Juzgados y Tribunales
funcionen normalmente, y que se disminuya la
alta corrupción existente en la
Administración de Justicia; ésta estaría
llena de ladrones a mano armada, si sus manos
no estuviesen armadas de bolígrafos;
expedientes judiciales enteros desaparecen en
los Juzgados y Tribunales; consignaciones,
depósitos y fianzas judiciales no llegan
nunca a sus destinatarios, invirtiéndose en
la compra de vehículos personales y en la
financiación de industrias panificadoras.

“El Fiscal General es un tipo conflictivo,
siempre crea problemas a su alrededor”;
comentan otros por doquier. Hay unos cargos
que si el titular intenta cumplir con su
deber no le queda más remedio que ser un tipo
conflictivo y antipático; fíjense en el cargo
de Director General de Seguridad y del
Ministro de Finanzas; el cargo de Fiscal
General de la República no anda muy lejos,
porque su misión implica fiscalizar,
controlar e inspeccionar; estas tres
actividades conllevan molestia y
conflictividad.

“Los trapos sucios se lavan en casa. Señor
Fiscal General”, sugieren otros; pero ya hay
demasiados trapos sucios que ya no caben en
casa y hay que llevarlos al lavadero
municipal.

Esta es la dura realidad, Señor Presidente de
la República; esta es nuestra triste,
tristísimo realidad; pedimos perdón, pedimos
disculpas si hemos llegado a llamar pan al
pan y vino al vino, porque la verdad muchas
veces entra como una ofensa.

Quiero en este acto hacer llegar a nuestros
compañeros profesionales del Derecho que el
Fiscal General de la República no trata de
hacer una actividad política, ni tampoco
intenta hacer un proceso histórico para
investigar quién tiene razón y quién no.
Todos debemos compartir las responsabilidades
para poner nuestro granito de arena en la
magna tarea de establecer un verdadero Estado
democrático en nuestro País, tarea que,
mayormente, está en función de cómo nosotros
ejercemos nuestra actividad de profesionales
del Derecho.

La inseguridad jurídica creada por los
profesionales del Derecho, dentro de cuyo
colectivo nos incluimos nosotros mismos, y a
quienes denunciamos oficialmente en este
acto, perjudica muy enormemente al País en lo
que se refiere al desarrollo socioeconómico y
al proceso de democratización de que Vuestra
Excelencia, Señor Presidente de la República,
es Arbitro y Moderador.

Perjudica al País porque en toda sociedad
que, como la nuestra, pretende hacer de la
preeminencia del Derecho uno de sus valores
fundamentales, resultará imprescindible
configurar una Administración de Justicia que
la garantice; no sería posible asegurar el
imperio de la Ley, la igualdad de todas las
personas ante la norma jurídica, y, en
definitiva, el concepto profundo de libertad
del hombre, característica esencial de todo
Estado democrático, sin unos Tribunales de
Justicia que actuasen eficazmente con arreglo
a determinados principios.

Y uno de estos principios, por ejemplo, es
que toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída con justicia, públicamente y dentro
de un plazo razonable. Dentro de este
principio y junto a exigencias clásicas de
todo constitucionalismo, los Juzgados y
Tribunales no solamente deben actuar con
justicia, acomodándose exclusivamente a las
reglas del Derecho, entendidas en un contexto
de libertades democráticas, sino que deben
hacerlo también a tiempo, pues una justicia
tardía equivale a una injusticia. Por eso las
Leyes procesales establecen ya claramente los
plazos que se pasa de un trámite a otro
dentro de un proceso, que es una
concatenación sucesiva de actos, hasta llegar
a la sentencia; y aquí en nuestro País, los
Jueces y Magistrados no respetan estos
plazos, de ahí que un solo litigio tan simple
como el robo de una gallina durante cinco
años enteros, cinco, sin solución, sin que el
ciudadano sepa a qué atenerse, sin que nadie
sepa con toda seguridad y con toda garantía
legal si esta finca es o no suya; y así los
Juzgados y Tribunales todos los días violan
impunemente el derecho fundamental, que es un
derecho humano, que tiene toda persona a que
su causa sea oída con justicia dentro de un
plazo razonable, esto es, en definitiva, el
derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas.

Su importancia es enorme, pues las causas se
oyen con justicia cuando se desarrollan
dentro de concretos límites temporales, que
se. llaman plazos procesales; al ventilarse
litigios el objetivo de una eficaz
Administración de Justicia ha de encontrarse
en su solución a tiempo, y una justicia
tardía supone tanto como la falta de tutela
judicial efectiva, que es otro derecho humano
reconocido en la Declaración Universal de las
Naciones Unidas.

Guinea Ecuatorial, único en su género que
encierra tal contradicción, es el país que, a
la vez, vive en paz y en guerra: en paz
porque afortunadamente no hemos conocido
conflictos armados en nuestras calles, lo que
no valoramos en su justa medida; pero al
propio tiempo vive en guerra, porque mientras
un ciudadano sigue reclamando algo de alguien
ese ciudadano lleva guerra en su corazón, y
le aseguramos, Señor Presidente de la
República, que hay guerra en los corazones de
estos ciudadanos que van a pie en la calle,
incluso de muchos que vamos en coche a causa
de que los Juzgados y Tribunales no resuelven
los litigios a ellos sometidos, lo que
constituye su deber; no dan a cada cual lo
suyo, que es la esencia de la justicia; no
dan a César lo que es de César ni a Dios lo
que es de Dios.

Otra de las manifestaciones de la
inseguridad jurídica es que aquí no se
respeta lo que se llama tracto sucesivo.

El tracto sucesivo es uno de los
principios esenciales del Derecho
Inmobiliario español, vigente en nuestro
País, y que hace referencia a la necesidad de
que, en todo contrato de compraventa,
aparezca como vendedor necesariamente la
persona a cuyo nombre la finca a venderse
está previamente inscrita en el Registro de
la Propiedad, o, por lo menos, que el que
aparece como vendedor tenga poderes de aquél;
solo éstos y nada más que éstos pueden
disponer de la finca, ya vendiéndola, ya
aportándola a una sociedad. El principio
viene consagrado en el artículo 20 de la Ley
Hipotecaria, y aquí, si se invoca en un
juicio, el Juez se hace sordo como una tapia.

Los profesionales del Derecho que vigilan
el cumplimiento de este principio son el
Notario y el Registrador, a quienes la Ley
del Notariado y la Ley Hipotecaria imponen la
obligación de examinar si el supuesto
vendedor es realmente el dueño registra! o si
tiene sus poderes; en caso contrario el
Notario y el Registrador deben negarse a
autorizar e inscribir la venta. Y aquí en
nuestro País, esos profesionales del Derecho
no cumplen con esta obligación legal, y
muchos venden bienes que no son suyos, con la
consiguiente proliferación de conflictos
sociales.

Un supuesto de candente actualidad es el
caso de DON MIGUEL CARRETERO RODRIGUEN que ha
vendido casas que no son suyas, y el
Registrador no le puso ningún inconveniente,
y los Jueces de Malabo hasta ahora han
respaldado con sus sentencias tales ventas
falsas; y allí están los verdaderos dueños
rondando inútilmente los pasillos de Juzgados
y Tribunales en solicitud de justicia desde
hace catorce años, catorce, sin que se les
haya repuesto en su derecho.

Este individuo, que, al parecer, tiene en
su bolsillo a Jueces y Magistrados, Notarios
y Registradores, lo es capaz de todo; el día
que decida vender la Catedral de Malabo,
habrá problema con el Señor Arzobispo, y se
nos pone carne de gallina sólo pensar en lo
que podría pasar si vende el Palacio
Presidencial.

El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial
de Almería nos ha comunicado que por vender
allí en Almería carnets de conducir guineanos
a españoles en aquella Provincia. DON MIGUEL
CARRETERO RODRÍGUEZ se halla en la cárcel de
aquella localidad. Como ese individuo lo es
capaz de todo, no podemos preguntarnos cómo
ha podido hacerse con carnets de conducir
guineanos, pero sí que la operación le ha
salido mal porque no tiene en sus bolsillos a
Jueces y Magistrados de Almería como tiene a
los de aquí que ni tan siquiera han podido
tramitar la querella que la Fiscalía General
de la República interpuso contra este señor
por el supuesto delito de falsedades en
documento público.

Señor Presidente de la República, los
ciudadanos de la Comunidad Económica Europea,
que deciden sobre el destino de los fondos
Stabex, son de carne y hueso y actúan, por
consiguiente, por intereses y no por amor al
arte; saben que en Guinea Ecuatorial no hay
justicia, saben que aquí hay inseguridad
jurídica, por eso no hay inversión de capital
extranjero en nuestro País. ¡Nada más miedoso
que el ECU, Señor Presidente!

La Fiscalía General de la República ya dio
cuenta con anterioridad de esta situación al
Ministerio de Justicia y Culto, al Primer
Ministro Jefe del Gobierno, al Consejo de
Ministros y a la propia Corte Suprema de
Justicia, y no ha habido hasta ahora ninguna
reacción oficial, a pesar de las denuncias
por escrito y por declaraciones de Prensa; lo
cual nos inclina a pensar en una posible
conspiración de silencio por parte de algunos
Poderes Públicos, y nos preguntamos, ¿en
beneficio de quién?, ¿quién se beneficia de
la inactividad total de la Administración de
Justicia o de la inseguridad jurídica en
nuestro País?

En este sentido, queremos hacer un
homenaje a nuestro Parlamento que
recientemente y a nuestra demanda, viene de
dar un mandato a la Fiscalía General de la
República para que llevase ante los
Tribunales de Justicia a los profesionales
del Derecho que en el ejercicio de sus
funciones infringen la Ley mediando malicia o
ignorancia inexcusable; nosotros estamos
prestos a cumplir dicho mandato.

Señor Presidente, rogamos nos sea
permitido dar ciertas explicaciones a los
colegas sobre unas declaraciones de Prensa
que hicimos, y en las que refiriéndonos a las
causas de la inseguridad jurídica,
acusábamos, como lo estamos haciendo ahora,
al colectivo de profesionales en Derecho, y
en las que, no obstante, exculpábamos al
grupo de los que han estudiado Derecho en la
extinguida Unión Soviética, lo que ha llevado
desgraciadamente a un sector de ellos a
pensar que los hemos clasificado en un
segundo plano profesional, con el
consiguiente disgusto por parte de todos.

Nada más lejos de la verdad; nuestras
palabras se encaminaban a darles menos tanto
de culpa por el hecho de que la totalidad de
las horas lectivas que incluye el programa de
Derecho Civil de los Países Capitalistas que
han estudiado, en su conjunto no nos parece
materialmente suficiente como para retener
sutilezas del Derecho Civil español que
pueden causar en su defecto consecuencias muy
graves en un negocio jurídico, como por
ejemplo, las diferencias entre una escritura
pública y un acta notarial, y sus efectos en
relación con el Registro de la Propiedad.

Pedimos pues disculpas a nuestros
compañeros por si nuestras palabras o su
interpretación por un tercero de mala fe
hayan servido de motivo de estos
malentendidos.

¿Consecuencias de esta inseguridad
jurídica en nuestra sociedad? Pues, si.

La justicia es un sentimiento natural que
toda persona tiende a satisfacer como puede,
y adopta estrategias prácticas para luchar
contra la injusticia: la naturaleza humana
puede tolerar la dureza, pero nunca la
injusticia; es mejor vivir en una sociedad
dura que en una sociedad injusta. Por ello, a
fin de mitigar los efectos de la falta de
actividad judicial, se ha buscado una
solución que en nuestro sentir ha sido un
remedio peor que la enfermedad.

En efecto, han surgido en nuestra sociedad
un focos de poder fáctico tan fuertes y
eficaces, que han sustraído prácticamente de
la jurisdicción del Estado de la República de
Guinea Ecuatorial a un grupo de individuos,
fundamentalmente comerciantes extranjeros,
colocándolos bajo su protección; focos de
poder de hecho constituidos por personas
influyentes en nuestra sociedad cuya sola
palabra neutraliza y anula la actividad del
juez y de cualquier Tribunal, y pone en
posición de firme a cualquier elemento de la
Policía Judicial.

Estos individuos protegidos, en su mayoría
comerciantes extranjeros residentes, se han
convertido en unos delincuentes comunes ante
los cuales la Justicia ha devenido incapaz e
impotente, y violan impunemente la Ley sin
nada ni nadie que les puede exigir
responsabilidad.

Por eso, cuando hay sentencias judiciales
que materialmente son difíciles de ejecutar,
se trata de sentencias judiciales que van en
contra de los intereses de uno de estos
comerciantes extranjeros protegidos por un
foco de poder fáctico, y los perjudicados, es
decir, los que han ganado el pleito, acuden
inútilmente al Juez que dictó la sentencia,
acuden a cualquier pariente que tengan en la
Policía, en el Gobierno Provincial, en el
Parlamento, y todo inútil.

La Fiscalía General de la República tiene
miedo fundadamente de que algún día acudan a
la navaja, ante la impotencia de hecho de la
Justicia para resolver sus conflictos,
entonces tendríamos desórdenes sociales cuyas
consecuencias son imprevisibles.

Un caso de candente actualidad se refiere
a una demanda de impugnación de acuerdos
sociales contra una sociedad anónima, cuando
el Juez convocó al representante legal de
dicha sociedad, éste amenazó para que no se
le volviera a molestar, porque, explicó, “me
ha dicho fulano de tal que le citen a él para
cualquier cosa relacionada con esta empresa”;
y el fulano de tal ese es un prohombre, un
personaje que no es ni representante legal de
la empresa ni tan siquiera accionista de la
sociedad, simplemente es un foco de poder
fáctico y la demanda interpuesta sigue
muriéndose de risa sobre la mesa del Juez.

En estos casos el Juez, al intentar
cumplir su deber de administrar la justicia,
lo hace convencido de que está llevando a
cabo una operación que encierra para él
verdadero peligro de muerte.

Conviene resaltar que de entre los
prohombres que protegen a individuos:
comerciantes extranjeros residentes, de entre
los focos de poder fáctico se encuentran
muchos profesionales del Derecho; son éstos
Abogados que nunca hablan lenguaje jurídico,
nunca se personan en un litigio ante el Juez,
nunca contestan a la demanda como dice la Ley
de Enjuiciamiento Civil, nunca contradicen el
artículo del Código que ha invocado la parte
contraria, al contrario, solamente atacan a
la persona que ha interpuesto la demanda
contra su protegido: “qué se ha creído ese
tío, su asunto no se va a ver nunca, si
quiere que vaya a hablar en la Radio Exterior
de España”, comentan de bar en bar.

En éstas andamos en el recuadro del cuadro
general de la sociología política
correspondiente a la Administración de
Justicia.

Quisiéramos referirnos por último, Señor
Presidente, a vuestro papel de Arbitro y
Moderador, papel que comporta, naturalmente,
la docencia.

En ese sentido, le pedimos que enseñe a la
gente y a la Administración Pública qué sea
la Fiscalía General de la República; como a
la esencia de una institución puede
aproximarse mediante el examen de las
funciones que le son asignadas, habría que
ver la misión que la Ley Fundamental
recomienda a nuestra Institución, que es
velar por la legalidad en el País, para su
cumplimiento por todos los sujetos de
derecho, personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, incluida la propia
Administración.

Sí esto es así, cae como primera evidencia
que la Fiscalía General de la República no
puede subordinarse o hacerse depender
administrativamente de un Departamento
ministerial, cualquiera que sea; hay que
hacerlo comprender así al Ministerio de
Justicia y Culto que, erróneamente en nuestro
sentir, cree y actúa como si fuera el Centro
Directivo de la Fiscalía General de la
República.

Las funciones fiscalizadoras asignadas
constitucionalmente a la Fiscalía General de
la República devienen incompatibles con toda
idea de subordinación o dependencia a un
Ministerio concreto, porque, de lo contrario,
quién va a fiscalizar las posibles
irregularidades de dicho Ministerio, a la
vista de que ningún sistema jurídico concibe
que un inferior fiscalice a su superior.

La Fiscalía General de la República sólo
está sujeta y subordinada políticamente al
Jefe de Estado, como vértice en donde
convergen todos los órganos e instituciones
del Estado, pero jurídicamente no puede
subordinarse a ningún Departamento por
resultar incompatible con el cumplimiento de
sus fines.

Las relaciones entre la Fiscalía General y
el Ministerio de Justicia y Culto son de
orden de coordinación y no de dependencia
orgánica ni funcional y en virtud de esa
relación de coordinación, hemos remitido hace
un año al Ministerio de Justicia y Culto y
para que se tramitase hasta su aprobación por
el Parlamento, un Proyecto que modifica y
pone al día la Ley número 3/85, de 25 de
Abril, por la que se aprueba el Estatuto
Orgánica del Ministerio Fiscal, y hasta hoy
no se ha tenido durante el año que termina
ningún solo Consejo Directivo que estudiase
dicho Proyecto, y sin embargo el Ministerio
insiste diariamente en una relación de
dependencia y subordinación que la Fiscalía
General de la República no está dispuesta a
aceptar.

Si echamos una mirada en el Derecho
comparado veríamos que en el mundo anglosajón
todo Ministro del Gobierno quita su sombrero
frente al General Attorney, y entre los
francófonos basta observar que el Procureur
General de la République va acompañado de
escolta motorizada.

En el sistema jurídico español subyacente
y subsidiario del nuestro, los artículos 30 y
31 de la Ley número 50/81, de 30 de
Diciembre, hablando del Fiscal General del
Estado, nuestro equivalente dicen: “En los
actos oficiales en que asista el Fiscal
General del Estado ocupará el lugar inmediato
después del Presidente del Tribunal
Supremo”,,y que “El régimen retributivo del
Fiscal General del Estado será idéntico al
del Presidente del Tribunal Supremo’.

Esta mirada al Derecho comparado, Señor
Presidente de la República, nos autoriza
creer, salvo prueba en contrario, que tenemos
derecho a exigir del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y de su Dirección
General de Protocolo del Estado, así como del
Ministerio de Economía y Comercio y de su
Dirección General de Presupuestos, que
basándose en argumentos no razonables, no nos
den un trato tan distinto y tan diferente del
que se da a nuestros homólogos en el Derecho
comparado, en lo que se refiere al lugar
protocolario y a la remuneración que nos
corresponderían, mutando mutandis.

Pedimos también, Señor Presidente de la
República, que se enseñe a la Policía
Judicial que todas las resoluciones
administrativas, aunque vengan firmadas por
el Presidente de la República, son revisables
y anulables por los Tribunales de Justicia.
Esto lo decimos porque siempre que se ha
intentado ejecutar una resolución judicial
que afecte a una resolución administrativa
firmada por el Presidente de la República, la
Policía Judicial se ha negado a cumplir la
orden, porque, explica, “no podemos ir en
contra de la alta Autoridad que ha firmado
esta resolución”. Hay que enseñarles que
precisamente existe la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para revisar en
vía jurisdiccional todas las resoluciones
administrativas; de lo contrario no hay
Estado de Derecho y no han democracia.

Señor Presidente de la República, términos
suplicando a Vuestra Excelencia que adopte
medidas urgentes encaminadas a establecer una
Administración de Justicia más rápida y
eficaz, de lo contrario, sería
metafísicamente imposible cumplimentar con
las exigencias de un verdadero Estado
democrático en el País, y que adopte también
medidas que favorezcan un progresivo cambio
de mentalidad, que sin cambio de mentalidad
también sería impensable establecer un Estado
de Derecho; que no veamos enemigo en el
opositor ni encontremos injurias en la
crítica política, a la cual está expuesto
iodo hombre de Estado.

Todas estas medidas, Señor Presidente de
la República, redundarán en beneficio de una
Guinea cada vez Mejor.

Muchas gracias, Señor Presidente”.



Sobre las consecuencias inmediatas del
discurso pueden leerse los siguientes
despachos de la agencia EFE:

“LIBREVILLE, 27 abril 1995.- El presidente
de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang,
calificó ayer a los funcionarios de la
administración de Justicia de su país de
«incapacitados, inoperantes, ignorantes y
maliciosos».

El pasado enero, el fiscal general de la
República, Eloy Elo Nvé, afirmó que en Guinea
Ecuatorial existe una total «inseguridad
jurídica», al tiempo que denunció la
«corrupción generalizada».

En un discurso pronunciado tras recibir el
informe elaborado por una comisión que
durante los dos últimos meses investigó las
denuncias formuladas por el fiscal general,
Obiang, en un tono irritado, señaló que los
hechos denunciados los han protagonizado
exclusivamente los funcionarios de la
administración de Justicia. Obiang manifestó
que los citados funcionarios «no quieren
hacer que el país sea un Estado en el que
todos se sientan satisfechos de la
administración de Justicia».

Tras la elaboración del informe, Obiang
nombró una comisión de investigación,
presidida por el ministro guineano de
Defensa, coronel Melanio Ebengong, e
integrada entre otros, por el ministro para
las Relaciones con el Parlamento, Mariano
Nsue Nguema; el director general de Justicia
e Instituciones Penitenciarias, Ricardo Ele
Obale, y el diputado de la oposición
Secundino Oyono. Obiang afirmó que «se ha
comprobado en el informe que ni el Gobierno
ni el Poder Legislativo tienen que ver con
los hechos denunciados por el fiscal general
de la República», cuya responsabilidad
corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

Dijo asimismo que «el presidente de la
República, el primer ministro, el Gobierno,
el Legislativo y algunos responsables del
Poder Judicial no vamos a resolver todos los
problemas mientras no haya solidaridad y
armonía entre todos los elementos que juegan
en este escenario político para que Guinea
sea un Estado donde reine el imperio de la
ley».

Aseguró que «muchos tratan de exigir la
independencia del Poder Judicial en este
momento para abusar de ella», al tiempo que
condenó «esas maniobras que se han detectado
en el Poder Judicial».



“LIBREVILLE, 29 abril 1995.- El fiscal
general de la república de Guinea Ecuatorial,
Eloy Elo Nve, se ha escondido en la vecina
república de Camerún tras huir de su país el
pasado miércoles, supo Efe ayer.

Elo, que fue sacado días pasados a punta
de pistola del avión en el que pretendía
viajar a Duala (Camerún) por el secretario de
Estado para la Seguridad Nacional, Nguema
Mba, estaba bajo arresto domiciliario en
Malabo por unas declaraciones efectuadas a
Radio Exterior de España.

El abogado denunció a la emisora española
las amenazas que tanto él como otros jueces y
magistrados recibieron de Nguema Mba, quien
les aseguró que «las balas llegan antes que
las leyes», en alusión a la actitud
claramente legalista que apoyaban los
amenazados en contra de los procesos
políticos que últimamente se han desarrollado
en Guinea Ecuatorial.

Efe ha sabido también que fuerzas de
«ninjas» (Policía política del régimen del
presidente guineano, Teodoro Obiang) han sido
apostadas en las inmediaciones de la
representación diplomática española, en
previsión de que el abogado huido pueda
intentar pedir algún tipo de protección a
España.

El miércoles, Elo aprovechó un momento de
descuido de los guardias que custodiaban su
casa, logró evadirse y trasladarse en un
cayuco (pequeña embarcación de madera que
utilizan los pescadores de la zona del golfo
de Guinea) a las costas camerunenses”.