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¿No estará esperando la inútil Unión Africana que la Comunidad de Estados del Africa Occidental (CDEAO) dé también solución a este conflicto como en Gambia?
Se multiplica la recluta de niños soldado, la compra de armas y expulsión de extranjeros mientras la ONU advierte de una masacre como en Ruanda.
Se asesina también a los niños para evitar que puedan vengarse en el futuro.
El Gobierno ha firmado la apertura de una fábrica de armas en la capital.
Soldados del gobierno de Sudán del Sur muestran los cadáveres de varios rebeldes muertos en Malakal.| ALBERT GONZÁLEZ FARRÁN / AFP.- El Muni.
Alguien pensó, lo que Sudán del Sur necesitaba, un país en guerra civil, en la más absoluta bancarrota (la inflación es del 900%, el peor dato mundial por encima de Venezuela) y en situación de hambruna no declarada, es una fábrica de armas.
Por eso, para facilitarle la labor a la muerte, el gobierno de Salva Kiir ha firmado un contrato con empresas libanesas para levantar una factoría de municiones en Juba, la caótica capital del país.
Con el comienzo de la temporada seca, que habilita los caminos, viene el rearme. Con el rearme, vienen las matanzas. Este año, la compra de armas se ha disparado.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya avisa de la posibilidad de "un genocidio a la ruandesa", recordando la matanza de casi un millón de tutsis en el plazo de 100 días en el año 1994. Y los grandes lobbies armamentísticos han presionado para conseguir que no se apruebe ningún embargo de armas.
La limpieza étnica entre los dinka, el pueblo dominante y en el poder (es la étnia del presidente Kiir), contra la etnia nuer, más minoritaria, ya es un hecho desde 2013 en algunas zonas del país, como Malakal, Bentiu o la propia capital.
El salto al genocidio (la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de la otra etnia) sólo se da cuando se pasa de la violencia improvisada, por muy sangrienta que sea, a la preparación, estudio y justificación ideológica de una matanza, como sucedió en Ruanda.
La fábrica de municiones no es la única decisión del ejecutivo de Kiir, una auténtica cleptocracia, que preocupa a una población tan desgastada por décadas de conflicto, corrupción y nepotismo.
El Servicio de Seguridad Nacional, una auténtica gestapo a la africana a las órdenes directas del presidente, ha comenzado a expulsar a periodistas y trabajadores humanitarios extranjeros, cuando no a organizaciones enteras.
El mensaje no escrito es claro: "No queremos testigos incómodos".
La primera víctima de esta medida fue Justin Lynch, reportero estadounidense de Associated Press y uno de los pocos que residía en el país. ¿Su falta? Haber denunciado la limpieza étnica que Ejecutivo y rebeldes practican en buena parte del país con total impunidad.
Fue arrestado y deportado sin una sola acusación formal, "pero repitieron una y otra vez que había sido demasiado crítico con el Gobierno. Es una violación de la libertad de prensa", escribió el mismo día en el que tomó el avión de salida.
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Pero Lynch puede considerarse afortunado: Joseph Abandi, un periodista local, fue obligado el pasado marzo por esos mismos agentes a cavar su propia tumba y golpeado hasta la inconsciencia.
El presidente Salva Kiir firmó una orden para matar a los periodistas que escribieran "contra la nación".
El reportero radiofónico John Gatluak fue asesinado por soldados sursudaneses de un tiro en la nuca el pasado agosto en un asalto a un hotel donde esos mismos hombres secuestraron y violaron a cinco trabajadoras humanitarias extranjeras durante horas.
En total, nueve informadores han muerto asesinados desde 2012 en un país donde serlo acarrea graves peligros personales.
Otro de los sectores más perseguidos es el humanitario. El Servicio de Seguridad Nacional ha expulsado a varios jefes de ONG sin dar ninguna explicación al respecto.
Joel Charny, responsable del Consejo Noruego para los Refugiados, fue expulsado de Juba, la capital, sin explicación alguna después de 10 años de trabajo sobre el terreno.
Imágenes desesperación, hambre y muerte en Sudán del Sur.- El Muni.
Naciones Unidas criticó la medida, pero hace tiempo que la voz de la ONU dejó de respetarse. Otras dos ONG han sido obligadas a marcharse, mientras que los ataques contra trabajadores humanitarios se multiplican por toda su geografía.
El pasado diciembre se contabilizaron más de 100 casos de violencia contra estos operarios. Dos tercios de estos asaltos fueron saqueos.
A pesar de las enormes dificultades de los trabajadores humanitarios para documentar esta escalada de violencia, Unicef denuncia el reclutamiento forzoso de 17.000 niños por parte de los ejércitos y milicias en conflicto.
"En algunas escuelas, los soldados del Gobierno han sacado a grupos de 50 niños de clase para ponerlos a combatir de forma inmediata", declara un trabajador de Unicef.
Así se convierte a los menores en máquinas de matar y también de morir: en Sudán del Sur los milicianos suelen asesinar a los niños para evitar que estos se venguen en el futuro.
La zona de Malakal y Wau Shilluk ha vuelto a incendiarse esta semana con combates sangrientos entre gobierno y rebeldes. La segunda ciudad del país ya ha cambiado de manos ocho veces donde no queda nada en pie.
El alto precio de la gasolina ha provocado que la mayoría de industrias tengan que cerrar. Una de ellas, imprescindible para la salud, es la del agua embotellada. La única opción pasaría por una potabilizadora y un sistema de saneamiento de aguas.
El dinero para construirla llegó, pero su construcción se paralizó porque los fondos desaparecieron. En ese contexto, las mujeres han tenido que invadir las piscinas de los pocos hoteles para expatriados y llevarse el agua a cubos.
Los hospitales no tienen medicinas ni combustible para operar en los quirófanos. Del tesoro nacional no quedan ni telarañas.
Fuentes: seniales.blogspot.com.es/; www.elmundo.es/
Edición: Bk
El Muni