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Al emitir su dictamen, el presidente del Tribunal, Mogoeng Mogoeng, advirtió que el Tesoro tiene 60 días para establecer cuánto deberá pagar Zuma y otros 45 días para que se haga efectiva la devolución del dinero.
Aunque no se trata de un juicio político, los adversarios del Congreso Nacional Africano encontraron con este fallo del jueves el contexto que buscaban para -una vez más- tratar de sacarlo del poder.
El viernes Zuma compareció ante las cámaras de televisión donde afirmó que no actuó de manera deshonesta o con cualquier conocimiento personal de las irregularidades por parte del Departamento de Obras Públicas referido al proyecto Nkandla.
"Respeto la sentencia y cumpliré con ella", dijo el presidente al ratificar su respeto hacia el veredicto de la Corte.
Acotó además que "la sentencia ha sido muy útil", ya que "hay lecciones que aprender para todos nosotros en el gobierno, las cuales son un buen augurio para el futuro".
El AD invocará el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a la remoción del Presidente de su cargo, pero para que ello tenga éxito, las dos terceras partes de los diputados del Legislativo tendrían que votar a favor de la propuesta.
Esto significa que 266 de los 400 diputados de la Asamblea deberían respaldar el documento, algo poco probable en un Parlamento donde el Congreso Nacional Africano -partido en el gobierno desde 1994- conserva su mayoría con 249 butacas.
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