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La agredida recibió puñetazos y patadas en la cabeza porque se jactaba de ser “linda”, según la juez de la causa
En Junín, una ciudad de 87.000 habitantes a 260 kilómetros al oeste de Buenos Aires, la víctima, Nayra Cofreces, y otra amiga volvían el miércoles del colegio, al que asistía en el turno noche, hacia su casa cuando fueron interceptadas por las tres atacantes.
“Hay declaraciones de los amigos que indican que (la paliza) podría haber sido por una tercera chica.
O por cuestiones de que estas chicas (las agredidas) se hacían las lindas porque iban mejor vestidas que otras.
Nada de gravedad: cosas de chicos que terminan en cuestiones de violencia”, explicó la juez María Laura después de escuchar a los testigos.
Ya han sido arrestadas las agresoras, una de 29 años, su hermana de 22 y una amiga de 17, estas últimas dos compañeras de colegio de Nayra.
En plena calle de Junín, una ciudad que vive de la abundante producción agrícola, las tres jóvenes agredieron a Nayra, sobre todo con golpes en la cabeza.
La víctima llegó a su casa dolorida, pero solo atinó a tomar un analgésico y se fue a dormir. Apenas pudo contarle a su hermana que las agresoras se habían confundido al golpearla porque supuestamente la víctima iba a ser otra compañera.
El jueves, Nayra no pudo despertarse y fue trasladada a un hospital.
Allí se descubrió que tenía un hematoma en el hemisferio izquierdo del cerebro.
Fue operada, pero después apareció otro hematoma. Los médicos la sometieron a una segunda cirugía y quedó en la UVI, donde falleció.
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El fiscal de la causa consideró que el ataque fue “premeditado” y “sin un motivo puntual”.
La juez añadió que la violencia juvenil se repite en Junín:
“No es algo aislado lo que ocurrió, la calle en general está peligrosa, los chicos se pelean sin motivos hasta extremos nunca vistos.
Esto es cotidiano, pasa todos los fines de semana en los boliches (discotecas)”.
Uno de cada cuatro estudiantes argentinos reconoce que fue alguna vez golpeado por sus compañeros.
En 2013, el Congreso aprobó una ley que dispone la creación de una línea telefónica gratuita para denuncias y de equipos especializados contra el hostigamiento, entre otras medidas.
Aún la norma no ha sido reglamentada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
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