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Prostitutas en el barrio del Raval, en Barcelona (Xavier Gómez - X. Gomez).- El Muni.
Los datos aportados por ambas mujeres en sus declaraciones coincidían en varios extremos, lo que llevó a los agentes a unificar las investigaciones, descubriendo una organización nigeriana dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, afincada en Barcelona y con conexiones en todos los países por los que desplazaban a las víctimas desde que eran captadas en Nigeria hasta que llegaban a su destino final en nuestro país, que llevaría operando al menos desde el año 2004.
Avanzada la investigación, los agentes localizaron a otras tres jóvenes que en esos momentos estaban siendo explotadas por la organización y que convivían con la “mami” en un piso de Barcelona, tal y como ocurría con las otras dos víctimas que ya habían sido liberadas por los investigadores y cuyos testimonios fueron fundamentales para el desarrollo de la operación.
Sometidas con rituales de brujería
La organización captaba a sus víctimas en su país de origen, Nigeria, y desde allí las trasladaba hasta España por vía aérea haciendo escala en otros países europeos o en Marruecos. Para ello utilizaban documentación falsa perteneciente a una tercera persona que residía legalmente en algún país de la Unión Europea.
Para doblegar por completo la voluntad de las víctimas, las sometían a rituales de juju o vudú: prácticas supuestamente mágicas o de brujería en las que se sacrifican animales y que se realizan a modo de pacto entre la organización y la víctima.
El tratante se compromete a organizar el viaje y financiar los gastos derivados del mismo y las mujeres prometen obediencia bajo la amenaza de su muerte o la de sus familiares, así como pagar la deuda y no acudir a la Policía ni delatar a los tratantes.
Una vez en el país de destino, en este caso España, las víctimas eran informadas del total de la deuda contraída con la organización y sometidas al ejercicio coactivo de la prostitución hasta saldarla por completo, siendo obligadas a ejercerla durante interminables jornadas de trabajo y, normalmente, en la vía pública.
Al llegar al país de destino, las víctimas se encuentran en una situación de absoluta dependencia de los explotadores: carecen de documentación, desconocen el idioma, la cultura, la legislación y desconfían de la Policía.
Todo esto unido al miedo a represalias por parte de los explotadores y a ser expulsadas a su país de origen, les impide denunciar su situación a las autoridades y las aboca a continuar en el ejercicio de la prostitución como única forma de ganarse la vida.
Las víctimas eran controladas permanentemente por la “mami” o controladora, con la que compartían domicilio y que les marcaba las tarifas que debían cobrar por cada servicio sexual.
Recaudaba diariamente todo el dinero obtenido por cada una de ellas, llegando a amenazarlas e incluso agredirlas físicamente si algún día no conseguían dinero.
Cuatro años. Es el tiempo que una mujer nigeriana, XX44, vivió sometida a una banda de proxenetas que la trajo a España en patera por un supuesto trabajo de peluquera; que la obligó a prostituirse en un piso de Barcelona; y que la amenazó de muerte cuando intentó huir de sus captores.
XX44 es el número de testigo protegido otorgado a la mujer, que declarará en el juicio contra 10 personas que coaccionaron a decenas de chicas, también nigerianas, entre 2005 y 2010. La investigación ha llegado a su fin y la fiscalía pide hasta 29 años de cárcel para los miembros de la banda.
La red funcionaba al mismo tiempo en España y en Nigeria mediante vínculos familiares. En Benin City, una mujer ofreció a XX44 “un trabajo de peluquera” en Barcelona, según el escrito de acusación de la fiscal Ana Gil. La testigo aceptó la oferta y fue conducida a Marruecos.
En un largo y penoso periplo, cruzó el Estrecho en patera. Doris S., alias Mónica, hermana de la mujer que le había ofrecido el trabajo, la estaba esperando en la costa para trasladarla a Barcelona. En el piso, la víctima convivió con Mónica y con un grupo de prostitutas.
La banda le retiró de inmediato el pasaporte y le informó de que había contraído con ellos una deuda de 50.000 euros por el viaje desde Nigeria. Para pagarles, le explicaron, también debería prostituirse. La organización le amenazó con “causarle daños físicos tanto a ella como a su familia”, de modo que decidió someterse.
XX44 fue obligada a ejercer la prostitución “bajo la estrecha vigilancia” de Mónica y otros presuntos proxenetas. La mujer atendía a los clientes en un meublé cercano a la avenida Meridiana de Barcelona y entregaba la mayor parte del dinero a sus explotadores.
Por cada servicio, descontado el alquiler de la habitación, Mónica cobraba diez euros, según la fiscalía.
La fiscal pide hasta 29 años para los secuestradores de la nigeriana.
“Durante el tiempo de su captura”, la testigo “fue objeto de agresiones físicas” —en especial, por parte de Mónica— para que le entregara el dinero. En enero de 2006, apenas dos meses después de haber llegado a España, XX44 “huyó del domicilio”.
Sus captores la localizaron y, el 25 de marzo, le dieron un ultimátum: o regresaba al piso-prostíbulo u ordenarían el asesinato de su madre en Nigeria. Tres días después, la chica “fue informada de la muerte de su madre, sin que dicha muerte pueda ser atribuida a la acción de los procesados”, sigue la fiscal.
La testigo preguntó a la proxeneta si había matado a su madre. Ésta contestó que sí, que lo había hecho “mediante el vudú”, y que haría lo mismo con ella y el resto de su familia.
El calvario de XX44 se prolongó. Mediante entregas en efectivo e ingresos en cuentas bancarias, la joven llegó a abonar 25.000 euros a la banda. Pero no fue suficiente. “Desesperada” por las amenazas, sigue la fiscal, la testigo protegida decidió denunciar los hechos ante la policía, lo que dio origen a la investigación que ahora llega a juicio oral.
Pero ni con ésas cesó el acoso. En noviembre, otro de los acusados, Richard E., alias Charles Pedro, llamó a la hermana de la víctima en Nigeria y le exigió el pago.
El último incidente ocurrió en enero de 2010 en la estación de Renfe de Mataró. Otra de las acusadas, Roseline J., abordó a XX44 para exigirle, una vez más, el pago. Y la agredió.
Los Mossos lanzaron entonces la operación policial y detuvieron a la mayoría de personas que, en los próximos meses, se sentarán en el banquillo de los acusados. La fiscal atribuye a Mónica por los delitos de tráfico ilegal de personas, prostitución coactiva, detención ilegal, amenazas, y solicita 29 años de cárcel.
Pide otros 23 para Charles Pedro, así como elevadas penas para el resto de los acusados, que deberán indemnizar, según la fiscal, con 100.000 euros a la víctima. En el juicio declararán otros tres testigos protegidos.