El llamado grupo cero del mandatario saliente en Panamá ante la justicia.
El Magistrado Oyén Ortega.
Ciudad de Panamá, 2 junio 2015.
Una audiencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso del expresidente Ricardo Martinelli se celebrará hoy, y hay expectativas sobre posibles solicitudes para confiscar los bienes o exigir la presencia del investigado.
El magistrado Oydén Ortega, investido como fiscal del proceso, solicitó la cita de este martes que sigue las reglas del recién introducido Sistema Penal Acusatorio, y no se filtraron a los medios cuáles son los asuntos que llevará, después que la defensa fracasó el día anterior en su intento de anular el expediente.
Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá.
Artificios jurídicos como la prescripción del tiempo transcurrido, la posible inmunidad del defendido por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano y criterios de irregularidades por la ausencia de los abogados en investigaciones del fiscal, fueron rechazados.
El desarrollo de esta segunda audiencia de control provocó airadas críticas de los seguidores del ex mandatario, que desde el 28 de enero está fuera del país; una de ellas fue la exministra Alma Cortés, quien reiteró que el proceso es un show político e hizo un llamamiento a la justicia a detenerlo.
Martinelli es investigado por la supuesta participación en la compra a sobreprecios de comida deshidratada para escuelas públicas, luego de que el ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, aseguró que vino del mandatario la orden de a quién otorgar el contrato.
En esta causa están involucrados, además, otras ocho personas, entre ellas los ex ministros Lucy Molinar, de Educación, Federico Suárez, de Obras Públicas y el exsecretario personal del Presidente, Adolfo de Obarrio, actualmente prófugo de la justicia panameña.
Pero además, al menos en otros dos casos el nombre de Martinelli se maneja como la cabeza visible de un complot desde la Presidencia, como lo catalogan algunos miembros de la sociedad civil.
En el caso de la empresa privada Cobranzas del Istmo, que gozaba de un exclusivo contrato de excesivos pagos por comisiones para cobros de impuestos a presuntos morosos, uno de los encartados, o sea, procesados, Cristóbal Salerno, aseguró que entregó al anterior gobernante más de dos millones de dólares en efectivo y cheque.
En la víspera, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que Salerno voluntariamente entregó al Tesoro Nacional 20,7 millones de dólares por cobros ilegales de la entidad, donde aparece como la cara pública del truculento negocio, por el cual está detenido Luis Cucalón, ex director de impuestos.
El otro expediente que señala a Martinelli es el de espionaje telefónico mediante una sofisticada máquina, la cual desapareció del Consejo Nacional de Seguridad y se desconoce su destino, además de que la justicia tiene pruebas de que igualmente fue sobrevalorada en su precio de compra.
Comenzó a tomar auge esta semana otro escándalo de corrupción vinculado al gobierno anterior, con un proyecto fallido de un sistema de riego agrícola, por el cual está citado a declarar este miércoles Felipe Virzi, considerado un peso pesado cercano al llamado grupo cero de mandatario saliente.
Fuente: ucl/orm/pl/Osvaldo Rodriguez Martinez
Edición: Bk
El Muni.
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