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El Servicio de Prisiones del país falla a la hora de proveer facilidades sanitarias y médicas, alimentación e instalaciones que se ajusten a los derechos humanos
Patio de la prisión de Chichiri, en Blantyre. / Charlotte Mackenzie
El sistema judicial de Malawi es lento e ineficiente. El Servicio de Prisiones (MPS) es un entramado en el que a duras penas se coordinan jueces, fiscales, abogados, la policía, ONGs y prisioneros.
Es un compendio donde prima la falta de recursos y en el que, sin embargo, se aúnan fuerzas para facilitar el acceso a la justicia de los más vulnerables.
En los juzgados de Lilongwe, la capital de Malawi, se apresuran por dar carpetazo al Cashgate, el caso de corrupción más importante en la historia del país con el saqueo de unos cuatro millones de dólares de las arcas públicas.
Mientras el gobierno de Capital Hill intenta lavar su imagen ante los países donantes, se han producido arrestos de políticos y funcionarios corruptos que han pagado una fianza, han sido encerrados en celdas exclusivas y han recibido un trato especial. Así se despacha Malawi con aquellos de mayor nivel adquisitivo mientras que el ciudadano de a pie sufre las consecuencias de un sistema judicial desigual.
Malawi, al igual que muchos países subsaharianos, cuenta con problemas en las cárceles de muy difícil solución. “La situación está muy mal. No podemos controlarla más”, se resigna Charles Kasambara, director del Centro de Asistencia Legal (CELA en sus siglas en inglés) en su despacho del área 14 de Lilongwe.
El principal problema en las cárceles es la congestión. La prisión de alta seguridad de Maula, en Lilongwe, es un ejemplo. Según el CELA, Maula cuenta con 2.300 prisioneros mientras su capacidad es sólo para 800.
Lo que significa que los presos viven hacinados con el consecuente aumento del riesgo de transmisión de enfermedades. “Nuestras cárceles tienen una capacidad de 5.000 personas pero en la actualidad mantienen un número superior a 12.000”, indica el director ejecutivo de CHREAA,Victor Mhango.
Organizaciones como CELA o CHREAA intentan hacer que el sistema judicial tome responsabilidades para con los prisioneros. El Servicio de Prisiones suspende en proveer facilidades sanitarias y médicas, alimentación e instalaciones que se ajusten a los derechos humanos.
Las condiciones tanto en las comisarías como en prisión varían en función del nivel económico del acusado. Una defensa mediante un abogado, una fianza, una mejor celda e incluso tener algo para comer son posibilidades que no tienen cabida para la mayoría de los malauíes que se enfrentan a un sistema colmado de “negligencias a lo largo de todo el proceso”, como explica la coordinadora del programa de Justicia de Género de la Ayuda de la Iglesia Noruega, Habiba Osman.
El activista malauí Hebrews Misomali ha sido arrestado en numerosas ocasiones. La más sonada fue cuando se preparaba para manifestarse contra las políticas del fallecido presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika.
Fue trasladado a la prisión de Maula, directo a la celda 4, a la que van todos los homicidas. La celda, del tamaño de una aula escolar, está diseñada para 40 personas y cuenta con un único retrete. En su primera noche, durmió junto a otros 159 reos. La pizarra de la celda, en la que se escriben consignas para los prisioneros, así lo indicaba. “Otro día llegamos a los 240”, recuerda Misomali.
Para dormir se apiñan unos encima de otros, en un sistema denominado a cuchillo ya que cada uno duerme encima de otro de manera perpendicular. Los recién llegados duermen apiñados en la shamba, el lugar del centro de la celda. “Yo pagué para poder dormir junto a la pared”, dice Misomali, que pasó 40 noches en Maula.
La falta de fondos es el problema de base en el Servicio de Prisiones de Malawi; es el departamento estatal con menor presupuesto. La escasez de recursos hace que en la mayoría de las ocasiones no haya ni coches patrullas, y si lo hay, no tengan gasolina para llevar a los detenidos a los tribunales.
Esto provoca la suspensión de juicios y, en consecuencia, que las cárceles sufran el exceso de presos. “Nadie va a priorizar a las prisiones antes que los hospitales”, recalca Mhango.
Hebrews Misomali salió de la cárcel gracias a una fianza, pero muchos quedaron allí y continúan encerrados en la celda 4 de la prisión de Maula. A pesar de que organizaciones como CELA o CHREAA intentan que se respeten los tiempos de custodia, existen muchos casos de personas olvidadas, encerradas en una celda a su suerte y sin esperanza.
“Hay gente que pierde la cabeza. Los convictos cumplen su pena mientras que los que están en prisión preventiva no tienen ni idea de qué va a pasar”, dice Misomali
Según la ley, el tiempo máximo de prisión preventiva para aquellos casos de fuerza mayor es de 90 días. Sin embargo, muchos detenidos sobrepasan este tiempo de custodia debido a un sistema judicial colapsado como publica el estudio realizado por Open Society Foundations y OSISA.
Mientras se realizan actividades con la jurisprudencia y la policía para mejorar las condiciones de los prisioneros, más del 55% de los encuestados en el informe no cuentan con acceso al procedimiento criminal y código de evidencias que detalla el tiempo de custodia.
La retención de personas más allá del tiempo establecido por la ley hace que muchas familias queden desestructuradas debido al arresto del hombre, fuente principal de ingresos. A otros, se les roba la vida.
Es el caso de Boxten Kudziwe que se reunió con Planeta Futuro en Blantyre. Boxten fue recientemente declarado inocente después de pasar casi 8 años en la prisión de Chichiri. “La existencia allí no es fácil. No tenía esperanzas de salir vivo”, dice Boxten.
Estuvo más de un mes olvidado en una celda de la comisaría de Bangwe antes de ser trasladado a Chichiri. El tiempo de custodia se prolongó más que lo que marca la ley. Hasta que finalmente fue acusado de dos homicidios que no había cometido, como se dictaminó después. Boxten recuerda todas las fechas de sus idas y venidas a los juzgados y precisa que su arresto fue el lunes 9 de abril de 2006 cuando iba camino al trabajo.
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En todas sus comparecencias ante el Tribunal Superior de Blantyre se le negó la libertad bajo fianza y, a pesar de que su caso fue revisado y obtuvo el interés de varios abogados, nada fructificó.
El calendario se detuvo el pasado 27 de octubre de 2013 cuando se retiraron los cargos contra él y fue puesto en libertad. Ahora se centra en sacarse el curso de asistente legal para intentar enmendar el sistema resquebrajado que han visto sus ojos.
Para combatir el mal funcionamiento del sistema penitenciario y judicial de Malawi, en el año 2000 se creó el Servicio de Asistencia Jurídico (PASI, en inglés) en un consorcio de 5 organizaciones entre las que se encuentran CELA y CHREAA. Esto llevó a que aparecieran nuevos roles para gente que estaba dispuesta a ayudar a los más vulnerables y luchar por sus derechos.
De 4 asistentes legales que tenían al principio han pasado a tener 37 repartidos por el país para velar porque se amplie el acceso a la justicia de la población.
“Es un trabajo apasionante y a la vez un reto, sobre todo para una mujer que va a ayudar a los prisioneros, que en su mayoría son hombres”, dice Ruth Khawera, una de las asistentes legales de CHREAA.
Los asistentes legales cuentan con tres radios de acción, todos muy importantes para la coordinación del sistema. Además de ayudar a los reclusos en las cárceles, trabajan en los tribunales y con la policía en las comisarías. Dependiendo del escenario, la rutina es diferente.
En prisión se realizan ensayos de casos prácticos de manera diaria. Como si de una obra teatral se tratase, los prisioneros se reparten los roles de juez, acusado, fiscal, abogados y demás actores de un juicio, y desarrollan el procedimiento bajo la supervisión del asistente legal.
Esta práctica les familiariza con el proceso judicial y además les da las herramientas necesarias para poder defenderse sin un abogado. “Muchos son analfabetos por lo que hay que buscar formas de distribuir el mensaje para que ellos puedan entenderlo”, explica Khawera.
En ocasiones, esta práctica no es una ficción, sino que las organizaciones acuerdan la visita de los jueces a las instalaciones para desarrollar los camp court (juicios en el patio de la prisión), y acelerar el proceso. En la mayoría de los casos, se hace así por la falta de medios para trasladar a los presos a los tribunales.
El trabajo de estos asistentes legales también se extiende a los juzgados, donde se centran en recordar a los detenidos el procedimiento legal.
“Los magistrados están ya acostumbrados a nuestra actividad por lo que no es difícil trabajar con ellos“, dice Lusako Phambana, asistente legal en Blantyre. Por otro lado, en las comisarías, la prioridad es obtener una fianza para mujeres y niños arrestados tras el examen del caso.
La presencia de los asistentes jurídicos en las dependencias policiales ha reducido además los casos de abuso de la fuerza por parte de los agentes, según indica Siphiwe Malihera, coordinador de proyectos de CHREAA.
Sin la figura del asistente legal no había medio para recabar información, educar a los prisioneros sobre sus derechos y dotarles de técnicas para defenderse en el juicio por sí mismos. La importancia de esta labor reside en la mejora de las comunicaciones entre prisiones, tribunales y comisarías para perfeccionar un sistema judicial que todavía perjudica a los más necesitados.
“No existe ningún país con un sistema judicial perfecto”, apunta Clifford Msiska, coordinador nacional del PASI quien sin embargo apunta a que en Malawi se trabaja para cumplir con unos estándares renovados.
A pesar del esfuerzo de los asistentes legales y las organizaciones, la frustración se apodera de los reos cuyas esperanzas se pierden entre trámites burocráticos y tiempos de espera. Se desarrollan alternativas de mejora que, sin embargo chocan ante la imposibilidad económica de ponerlas en marcha.
Entre estas medidas destaca el proyecto desarrollado por Charlotte Mackenzie en colaboración con CHREAA sobre la libertad bajo fianza. Este programa informa a los prisioneros de esta posibilidad que, según el informe previo realizado, un 75% –de 50 entrevistados–, desconocía. Ante la falta de información, Mackenzie creó la organización Malawi Bail Project que intenta que los jueces concedan fianzas en aquellos casos de ofensas menores y descongestionar así las prisiones.
El proyecto además incluye la publicación de un folleto informativo en chichewa, una de las lenguas locales, para ser distribuido por las comisarías. “Nada más llegar a las dependencias policiales pueden tener acceso a esa información. Así, cuando van a juicio pueden solicitar una fianza”, dice Siphiwe Malihera.
Pero muchos de los arrestados no saben leer, por lo que Charlotte Mackenzie y su equipo convirtieron el folleto en una grabación de audio que pudiese ser reproducida en las celdas de los juzgados mientras los prisioneros esperaban al juicio.
La medida fue aprobada hace unos meses en los tribunales de Blantyre y, hasta el momento, a un 70% de los acusados se les ha concedido la libertad bajo fianza. Incluso se ha implementado una línea telefónica gratuita para acceder a la información.
A pesar de la ayuda económica del gobierno británico, el proyecto sólo se concentra en la ciudad Blantyre ya que los fondos no son suficientes para poder realizar una implementación a nivel regional o nacional.
Pero la lucha no para ahí. La PASI, en colaboración con otras ONGs, intenta concienciar al estado malauí de la importancia de un sistema judicial y penitenciario viable, y que respete los derechos humanos. De momento, como ocurre con la mayoría de los retos en Malawi, el problema es económico, porque voluntad hay.
Fuente: La vanguardia
Imágenes de Lilongwe(Malawi)